La Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas) es una organización no gubernamental de derechos humanos que, desde 1988, trabaja para fortalecer el Estado social y democrático de derecho en Colombia mediante la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.
Creemos que el derecho no solo debe responder a las violaciones cuando ocurren, sino convertirse en una herramienta para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Por eso acompañamos a víctimas y comunidades, promovemos el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y contribuimos al fortalecimiento de instituciones y políticas públicas que protejan la dignidad de las personas.
Como organización independiente, pluralista y sin filiación político-partidista, trabajamos con rigor jurídico, compromiso ético y una perspectiva diferencial, territorial, de género y ambiental. Nuestro trabajo ha convertido a Coljuristas en un referente para organizaciones sociales, instituciones nacionales y mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.
En la Comisión Colombiana de Juristas trabajamos para contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos y del Estado social y democrático de derecho en Colombia. Promovemos el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, acompañando a víctimas, comunidades y organizaciones desde un enfoque diferencial, de género, ambiental y territorial, con especial atención a las poblaciones históricamente vulneradas.
Luchamos por el desarrollo y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario como herramientas para proteger la dignidad de las personas, fortalecer las instituciones democráticas y promover una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de los derechos fundamentales.
Queremos seguir consolidándonos como un referente nacional e internacional en la defensa, promoción y desarrollo de los derechos humanos, aportando al análisis de la situación del país, al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho y a la construcción de una sociedad más justa e incluyente.
Nuestro trabajo se fundamenta en la independencia frente a intereses político-partidistas, en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y en un enfoque diferencial, de género, territorial y ambiental. Desde estos principios, contribuimos al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, promoviendo su aplicación como herramientas para la protección de la dignidad humana.
1987
Una misión de la Comisión Andina de Juristas visita Colombia para analizar la situación de los derechos humanos y la administración de justicia. De esta experiencia surge la necesidad de crear un equipo permanente dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país.
1988
Inicia actividades la entonces Comisión Andina de Juristas – Seccional Colombiana, con el propósito de fortalecer la protección de los derechos humanos y promover el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia.
1995
La organización adopta el nombre Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), consolidando una identidad institucional propia y reafirmando su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos.
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La organización adopta el nombre Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), consolidando una identidad institucional propia y reafirmando su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos.
2002–2005
En medio de un contexto complejo para la defensa de los derechos humanos en Colombia, Coljuristas fue objeto de campañas de desprestigio, seguimientos e interceptaciones ilegales por parte del DAS. A pesar de ello, la organización mantuvo su labor de investigación, litigio estratégico e incidencia nacional e internacional.
Hoy
Coljuristas es un referente nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos. Continúa fortaleciendo el Estado social de derecho, acompañando a víctimas y comunidades e impulsando transformaciones jurídicas en favor de la dignidad humana.
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La Comisión Colombiana de Juristas abrió sus puertas en 1988, luego de que la Comisión Andina de Juristas (organización no gubernamental con sede en Lima) enviara una misión a Colombia para elaborar un informe sobre la situación de derechos humanos y en especial sobre la administración de justicia. La experiencia de esta visita, realizada en 1987, permitió vislumbrar que era posible y conveniente constituir en Colombia un grupo profesional permanente que documentara la situación de derechos humanos y realizara otras actividades basadas en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario para contribuir a solucionar la grave crisis de derechos humanos existente en el país y, simultáneamente, a desarrollar el derecho de los derechos humanos y el derecho humanitario a nivel global. El equipo que atendió la visita de 1987 estuvo coordinado por Gustavo Gallón, abogado y profesor universitario, con el apoyo de Federico Andreu y María Teresa Garrido, juristas que empezaban su carrera, y se convirtió entonces en el núcleo con el cual se inició ese grupo profesional permanente, que inicialmente se denominó Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana (CAJSC), y que en 1995 simplificó su nombre por el de Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
En la década de los 80 la mencionada crisis colombiana de derechos humanos se había agudizado considerablemente, si se tiene en cuenta que en el año 1980 había cien personas muertas o desaparecidas por motivos políticos cada año, y que en 1985 eran mil las víctimas por las mismas causas cada año, y en 1988 fueron más de cuatro mil. De igual forma, los índices de pobreza y de exclusión social eran alarmantes y se reflejaban en el hecho de que cerca del 60% de la población colombiana se encontraba por debajo de la línea de pobreza, y más del 25% por debajo de la línea de indigencia. La necesidad de crear una organización de derechos humanos que se especializara en potenciar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario en Colombia, tanto en materia de derechos civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, era evidente.
La importancia de su trabajo a favor de los derechos humanos en el país ha sido también destacada. La Corte Constitucional le solicita habitualmente a la CCJ concepto en relación con demandas relacionadas con temas de derechos humanos y derecho humanitario. La CCJ ha promovido a lo largo de su existencia la interlocución con el Gobierno, en medio de las diferencias, como un derecho en relación con la definición de las políticas públicas en derechos humanos. Sus opiniones verbales y escritas son objeto de atención en la academia, en la judicatura, en medios de comunicación y en la opinión pública, en general. Su director recibió en 2002 la Orden al mérito ciudadano en grado de Comendador otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Quizás por lo mismo, la CCJ ha sido objeto también de virulentos ataques promovidos por violadores de derechos humanos en la prensa, en el senado y por otros medios. Además, se ha descubierto que entre 2003 y 2005 (y quizás en los años subsiguientes) fue objeto de persecución ilegal por parte de la agencia de inteligencia de la presidencia de la república -el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)- que constituyó un grupo para hostigar a defensores de derechos humanos, magistrados, periodistas y opositores políticos, mediante seguimientos a estos y a sus familias, amenazas, acciones de difamación, ataques y atentados, todo lo cual es objeto de investigación por la justicia penal colombiana. Dentro de la situación de violencia que vive el país, tales ataques representan claras amenazas para la integridad de sus funcionarios.
Sin embargo, la CCJ ha seguido trabajando dentro de su mandato, denunciando las situaciones de violación de los derechos humanos, presentando casos y exigiendo que los culpables sean juzgados, promoviendo la utilización de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos en Colombia, y proponiendo iniciativas ante las instituciones estatales para que aseguren el pleno disfrute de los derechos humanos para las y los colombianos, así como promoviendo el fortalecimiento del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario en general.
La CCJ es un punto de referencia para organizaciones internacionales de protección de derechos humanos, como lo son, además de las de carácter intergubernamental (como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los Relatores y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas, los Comités creados por tratados de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados -ACNUR-), las organizaciones no gubernamentales que siguen con atención la situación de Colombia, así como para los Gobiernos y embajadores en Colombia de países preocupados por la situación de derechos humanos en este país.
1989 Su director recibió el Premio de Derechos Humanos de Human Rights Watch.
1993 International Human Rights Award, otorgado por la American Bar Association.
1997 Su director recibió, junto con la Alta Comisionada de Naciones Unidas, señora Mary Robinson, y otros cuatro destacados defensores de derechos humanos de diversos países, el Premio de Derechos Humanos del Lawyers Committee for Human Rights (hoy Human Rights First).
2008 Premio Internacional de Derechos Humanos “Emilio Mignone”, otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina.
2017 Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos “Antonio Nariño“, otorgado por las embajadas de la República Francesa y de República Federal de Alemania en Colombia.
2019 Premio Judith Lee Stronach, del Center for Justice and Accountability -CJA-, de San Francisco (California).
Si tu organización trabaja por la defensa de derechos, la justicia social o el fortalecimiento democrático, conversemos sobre posibles formas de colaboración.
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